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En memoria de don Pepe

 Un día como hoy, 7 de julio, pero de 1948, nació José María Cirilo Ramos Tenorio, “don Pepe”, como le decían sus más allegados. Un hombre de bondad y nobleza impecable, que fue víctima de tortura, de la fabricación de criminales y de la impunidad en torno a la investigación de delitos en México, por lo tanto víctima de un sistema de justicia fallido del cual lamentablemente no logró salir con vida.

De familia numerosa, don Pepe fue el único hombre entre seis hermanas. A pesar de no ser el mayor, José pronto fue “como el jefe de familia” a los 17 años, cuando falleció su padre, así lo recuerda Isabel Ramos, una de sus hermanas. A pesar de que Pepe tuvo que asumir la responsabilidad de su familia, no dejaba de jugar y procurar a sus hermanas y a su madre.

Cuando su madre enfermó, tuvieron que vender su casa en Amecameca para cubrir los costos de la operación y trasladarse al Distrito Federal. Pepe entró a trabajar de bodeguero en una zapatería, de donde salía de trabajar entre siete y ocho de la noche, después veía a su novia y regresaba a casa entre 10 u 11 de la noche y a esa hora levantaba a sus hermanas para jugar fútbol con él, a veces, hasta las dos de la mañana: “Era lo más increíble que nos podía pasar. Pepe era todo nuestro pilar, nos daba seguridad, nos cuidaba y nos amaba”.

En su edad adulta, José Ramos, quien fue apodado “Kempes” por su parecido con el jugador argentino (Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en el 78), tenía dos trabajos: era técnico laboratorista en CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y manejaba un taxi.

El 13 de agosto de 2002, Pepe fue detenido a la salida de su trabajo en CONAGUA. Lo interceptaron dos camionetas, lo bajaron, lo pusieron boca abajo, y a base de forcejeo e insultos no lo dejaron reincorporarse. Eran agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET), con una orden de presentación y no de aprehensión. Al momento de la detención la orden de presentación ya estaba fuera del término legal, pues había fenecido el día 10 de agosto de 2002; es decir, tres días antes de la detención. No obstante, fue detenido de forma ilegal y arbitraria, fue torturado y sin ser procesado, se le presentó ante medios de comunicación acusado de ser el jefe de una banda de secuestradores llamada “Los Kempes”, de la cual no había ningún registro previo.

Al mismo tiempo que a don Pepe, fueron detenidos en distintos lugares del D.F y del Estado de México Sergio Rodríguez Rosas, Hugo Rodríguez Salvatierra, Osvaldo Rodríguez Salvatierra, Jorge Hernández Mora y Mario Ricardo Almanza Cerriteño; todos fueron trasladados a las instalaciones de la PGJET. Ahí, fueron sometidos a tortura física y psicológica con el objetivo de que se declararan responsables de los secuestros de dos personas; sin embargo, eso no ocurrió. La tortura continúo hasta obligarlos a grabar sus voces mientras leían un texto que simulaba una negociación de rescate, donde ellos fungían el rol de los secuestradores.

Don Pepe y el resto de los detenidos fueron presentados ante medios de prensa y televisión como responsables de los secuestros de Irma Rugerio y Rafael Armas, supuestamente ocurridos en el estado de Tlaxcala en el año 2001; paradójicamente ninguno de los detenidos hasta ese momento había puesto un pie en aquel estado. A pesar de que en su expediente constan más de 400 pruebas que acreditan su inocencia, don Pepe, Sergio, Osvaldo, Jorge y Ricardo fueron sentenciados a 77 años de prisión[1].

Víctimas de la fabricación de pruebas y de tortura para la obtención de las mismas, el caso Tlaxcala es un caso de miles que reflejan la práctica sistemática y generalizada de cometer tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de elementos de seguridad pública del Estado mexicano. Ante la falta de una metodología adecuada para la investigación de delitos, aunado a los altos niveles de corrupción dentro del propio sistema procuración y administración de justicia, los agentes estatales recurren a la tortura de personas sujetas a su custodia con diversos fines, como por ejemplo:

1) con fines de investigación criminal,

2) como medio para obtener información,

3) como medio intimidatorio o de coacción,

4) como forma de castigo personal,

5) como medida preventiva, o

6) por razones basadas en cualquier tipo de discriminación.

Cabe señalar que los anteriores ejemplos no son limitativos sino enunciativos, pues la normativa en torno a la prevención y erradicación de la tortura disponen que también pueda ser por cualquier otro fin.

Pasada una semana de la detención de los implicados en el Caso Tlaxcala, se les comunicó a los familiares que “el caso era muy débil”, que fueran por ropa para los detenidos y que regresaran al siguiente día a las 11 de la mañana, para que pudieran ver a Pepe y compañía. Cuando llegaron ya habían sido trasladados al Reclusorio Sur. “Lo que más me dolió fue ver a un hombre bueno, noble y miedoso, tener que hacerse fuerte ahí adentro”, cuenta su hermana Isabel. “Salte y deposita dinero en la cuenta que les voy a pasar por teléfono, porque si no depositan nos van a matar”, le dijo don Pepe en una de sus primeras visitas en el Reclusorio.

Los anteriores hechos motivaron a los familiares de don Pepe y de los otros detenidos a presentar denuncias de los hechos ante diversas instancias y medios de comunicación. En 2004 se abrió la averiguación previa (AP) 218/2004/TLAX-2 ante la PGJET por el delito de abuso de autoridad en contra de los policías que los detuvieron y torturaron; sin embargo, autoridades de Tlaxcala intentaron archivar la investigación en varias ocasiones. Debido a las irregularidades en la averiguación, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH); ello derivó en la emisión de la Recomendación 18/2006, donde la CEDH exhortó a la PGJET a que se subsanaran las irregularidades en la investigación y a que se practicaran las diligencias pertinentes y que conforme a derecho correspondieran para conocer la verdad de lo hechos. Finalmente, a través de gestiones realizadas por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se logró abrir una nueva investigación por el delito de tortura en la averiguación previa 602/2012, misma que a la fecha está pendiente de la determinación por parte del ministerio público a cargo.

Pasaron más de nueve años y en noviembre de 2011 trasladaron a José Ramos Tenorio al Reclusorio de Santa Martha Acatitla. En aquella ocasión, don Pepe fue nuevamente golpeado y torturado durante el traslado. A partir de entonces, la salud de don Pepe comenzó a deteriorarse dramáticamente; desde julio de 2013 se quejaba de fiebre constante y dolores agudos en su abdomen. Don Pepe fue recluido en el área de las personas de la tercera edad, con usuarios de drogas en rehabilitación y personas con discapacidad mental.

Los golpes y la tortura que recibió don Pepe fueron denunciados por su hermana Isabel, ahora ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. “Después me enteré que por esa denuncia lo golpearon y lo quemaron con agua hirviendo en la clínica del penal. En lugar de mejorar sus condiciones las empeoraba. Pepe me suplicó que quitara la denuncia de derechos humanos”, cuenta su hermana Isabel.

El caso de don Pepe se puede encuadrar perfectamente dentro de un contexto previamente reseñado desde el año 2006 en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, donde se daba cuenta de que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos […] por el propio personal de custodia y por otros reclusos”. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2009 y 2010 se señala el maltrato por parte de custodios. Al año siguiente la CNDH documentó que la mayoría de las instituciones penitenciarias no cuentan con un registro de los casos suscitados de tortura y/o maltrato y no cuentan con un procedimiento establecido para la atención de estos casos.

Tras ser hospitalizado en 2013, don Pepe falleció el día 23 de octubre de 2013 e los 65 años. En la nota médica de su defunción consta que le hallaron hematomas y absceso hepático (un tumor y moretones en el hígado) producto de la tortura que sufrió durante su traslado al penal de Santa Martha Acatitla. Cumplía su onceavo año en prisión de un crimen que jamás cometió. Pepe, a pesar de que vivió en carne propia la injusticia, “no dejó de ser un hombre bondadoso”, como lo recuerda su familia. En su última navidad en prisión, Don Pepe preparó más de 100 tortas para sus compañeros. Su hermana Isabel llevó pierna, alguien más romeritos y bacalao. Pepe los formó, les dijo “que no se avorazaran” y compartió la cena con todos… como en los viejos tiempos, donde vivía en libertad y todos se juntaban alrededor de él para convivir a la hora de la comida.

De acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en materia de derechos humanos en el continente Americano, “el Estado es el responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia” como en el caso de don Pepe. Por ello, se debe considerar responsable al Estado mexicano por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufrió en su detención y en reclusión Don Pepe, José María Ramos Tenorio y el resto de las víctimas del caso Tlaxcala.

 La Corte Interamericana señala al respecto que “si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de ellos, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”[2]. Y en su caso, de realizar la reparación integral correspondiente al daño causado a las víctimas.

 A la fecha, el sistema de justicia del Estado mexicano aún debe tres aspectos fundamentales en el caso de Tlaxcala:

 1) la libertad de Sergio Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Hernández y de Ricardo Almanza, quienes aún continúan en prisión;

 2) que se reconozca la inocencia de todos los detenidos en el caso Tlaxcala y que se reintegre su derecho a la honra y dignidad, y

3) que se investigue y sancione a los responsables de la tortura de los seis detenidos del caso Tlaxcala y a los que fabricaron todas las prueba en su contra, hasta conocer la verdad de lo ocurrido.

Con la muerte de don Pepe no concluye el caso ni mucho menos la búsqueda por la justicia. Para su familia y la CMDPDH, la lucha por la justicia finalizará hasta que la memoria de don Pepe sea redignificada y su nombre – igual que el de los demás detenidos- quede libre de toda acusación. Cuando los verdaderos responsables de los secuestros se enfrenten a la justicia, las víctimas de secuestro encuentren verdad de lo que les ocurrió y, cuando el Estado mexicano afronte los actos criminales e injustos en los que han incurrido para obtener falsos culpables.

“Estamos deshechos pero de pie, porque somos inocentes. Ayúdenos con la verdad”.

Descanse en paz Don Pepe.

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