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México: Tras 22 años, una víctima de tortura espera justicia

Octubre 14, 2014 | Enlace a este comunicado


Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano a implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de tortura y detención arbitraria por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Actualmente, el caso se encuentra en espera de resolución en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien en un primer proyecto discutido en julio de 2014 se ordenaba su inmediata libertad, por mayoría de votos se decidió que era necesario valorar todas las pruebas del expediente y elaborar un nuevo proyecto de sentencia. Se espera el resultado de esto en los próximos días.

Alfonso Martín del Campo fue detenido el 30 de mayo de 1992 y llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Evidencias contundentes indican que al menos 10 policías ministeriales lo torturaron en las dependencias de la PGJDF para que se declarara culpable del asesinato de su hermana y del esposo de ésta.

Al día siguiente Alfonso Martín del Campo denunció ante el juez que había sido torturado y obligado a firmar una confesión auto-inculpatoria. Además, un policía que participó en el interrogatorio admitió la tortura para extraer su declaración. Sin embargo, ninguno de estos elementos se tomaron en cuenta para anular la confesión.

Alfonso Martín del Campo fue condenado a 50 años de prisión por doble homicidio. La única prueba relevante, según el mismo fallo, fue su confesión. En las declaraciones posteriores, Alfonso Martín del Campo siempre señaló que era inocente y describió la forma como había sido torturado. Sin embargo los tribunales no dieron ningún valor probatorio a las mismas por considerar que para entonces podría haber sido aleccionado.

En reiteradas ocasiones Amnistía Internacional ha recordado al Estado mexicano su deber de garantizar la inadmisibilidad de toda evidencia obtenida mediante tortura u otras formas de maltrato. Asimismo, toda alegación de tortura debe ser objeto de una investigación exhaustiva, inmediata, independiente e imparcial.

La organización lamenta que el gobierno mexicano haya desoído las recomendaciones emitidas por la CIDH, la cual determinó que se había incurrido en detención arbitraria, tortura y graves violaciones al debido proceso. La CIDH recomendó a las autoridades anular la confesión obtenida bajo tortura; disponer la liberación del acusado mientras se revisaba el proceso; investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos; e implementar una reparación adecuada.

El caso de Alfonso Martín del Campo es uno entre cientos de casos de tortura y otros malos tratos que se han documentado en México en las últimas décadas. A pesar de que la tortura está prohibida por las leyes y las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por México, su aplicación sigue siendo generalizada y la impunidad es prácticamente absoluta.

Como en otros delitos graves, el asesinato de Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba, el dolor de las víctimas, incluso sus familiares se mantiene. Sin embargo, para garantizar la justicia y la verdad es esencial el proceso judicial no ha haya viciado por medio de las violaciones de derechos humanos.

Información adicional

El 10 de octubre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la admisibilidad del caso y el 22 de octubre de 2002 emitió su informe 63/02 en el cual encontró responsable al Estado mexicano por la detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso legal cometidas en contra de Alfonso Martín del Campo.

A partir de ello recomendó al Estado mexicano la liberación inmediata de Alfonso mientras se revisara la totalidad del caso, la sanción de los responsables de las diversas violaciones a sus derechos humanos y la reparación del daño. La CIDH dio un plazo de 3 meses al Estado mexicano para su cumplimiento.

El gobierno mexicano se ha negado desde entonces a cumplir con estas recomendaciones.

Debido al incumplimiento, la CIDH presentó el 30 de enero de 2003 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando a la Corte que declare que el Estado mexicano violó diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura.

Amnistía Internacional, que documentó el caso en su informe, Juicios injustos: tortura en la administración de justicia, marzo 2003, AMR 41/007/2003 ha insistido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano a que cumpla con su responsabilidad bajo tratados internacionales de derechos humanos de garantizar la inadmisibilidad de toda evidencia obtenida mediante coacción o el uso de la tortura.

http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/10/14/mexico-tras-22-anos-una-victima-de-tortura-espera-justicia/

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