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Actualización Ayotzinapa. ¿PGR vs Procuraduría del Estado? y Seguimiento al Informe de la CNDH

Estimados compañeros y estimadas compañeras:
Esperando que se encuentren bien, a continuación encontrarán información de seguimiento relativa al eje de Justicia en torno a las acciones que se están llevando a cabo en virtud de las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en contra de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
 Investigaciones. ¿PGR vs. PGJE Guerrero?
 Recientemente los medios de comunicación han informado sobre diversos procedimientos relacionados con la sanción de servidoras y servidores públicos involucrados en las violaciones de derechos humanos cometidas el 12 de diciembre. Por un lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero anunció la semana pasada el inicio de procedimientos administrativos en contra de al menos 70 trabajadores y trabajadoras de dicha dependencia –entre agentes del Ministerio Público del fuero común; peritos y policías ministeriales.  Como hicimos de su conocimiento de particular interés resultó la destitución, aún no confirmada, del Fiscal para la Investigación de Delitos Graves, Esteban Maldonado, quien ha sido señalado en dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las irregularidades identificadas en las averiguaciones previas iniciadas a su cargo por el asesinato del periodista Amado Ramírez, así como en el caso de la ejecución extrajudicial de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.  http://mexico.cnn.com/nacional/2012/02/15/guerrero-destituye-a-siete-funcionarios-por-la-muerte-de-dos-normalistas
 Por otra lado, el domingo 26 de febrero la Procuraduría General de la República (PGR) informó a través de comunicado de prensa que el Juez Primero de Distrito en el estado de Guerrero otorgó el pasado 22 de febrero, diez órdenes de aprehensión por diversos delitos del orden federal, contra un civil y nueve servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.  Las investigaciones y las acciones penales impulsadas por la PGR están relacionadas con la presunta responsabilidad de las y los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero en la comisión del delito de evasión de presos, pues a juicio del Ministerio Público Federal los funcionarios de Guerrero no debieron de haber liberado a los estudiantes detenidos el 12 de diciembre.  Asimismo, el comunicado señala que al extitular de esa Procuraduría local se le señala, además por encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo, prevista en el artículo 400 del Código Penal Federal (http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol12/Feb/b13012.shtm)
 
Mayor información en: http://www.proceso.com.mx/?p=299235  /  http://www.eluniversal.com.mx/notas/832650.html / http://www.eluniversal.com.mx/notas/832661.html
 
Seguimiento. Con miras al Informe Final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
El 23 de febrero, en seguimiento a una visita realizada por la Organización Mundial Contra la Tortura ( OMCT ) al Estado de Guerrero los días 2 y 3 de febrero de 2012, la OMCT envió una carta al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) manifestando su preocupación por las violaciones graves a los derechos humanos en relación a los hechos suscitados el 12 de diciembre de 2011 en la cuidad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.  (Comunicado adjunto)  En la carta enviada al Presidente de la CNDH, la OMCT instó a la CNDH a identificar todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante los hechos objeto de la investigación, deslindar las responsabilidades de los autores materiales así como de los cargos políticos que intervinieron en los hechos y orientar a las autoridades pertinentes a asegurar una amplia participación de las víctimas en las indagatorias penales. Igualmente, la OMCT recuerda que la CNDH debe hacer una contribución clave para reafirmar el carácter absoluto de la prohibición de tortura y malos tratos, la obligación de investigar, sancionar y reparar tales actos y, en las circunstancias del caso, apelar a la urgente necesidad de reformar la legislación penal con el fin de incluir una tipificación de los actos de tortura en el Código Penal del Estado de Guerrero de conformidad con los estándares internacionales.   
 
El 24 de febrero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un memorial sobre el Caso Ayotzinapa, con el objetivo de abonar a que la investigación emprendida por este organismo público cumpla con los más altos estándares en materia de derechos humanos. En el memorial entregado por el Centro Prodh, se consideran los siguientes criterios como mínimos indispensables para que la investigación tenga verdaderamente un carácter de especial y esté conducida de manera eficiente: 1) Esclarecimiento cabal de los hechos. 2) Sanción a los responsables. 3) Reparación del daño. 4) Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 5) Amplia participación en el proceso de investigación de las víctimas y sus representantes. 6) Masiva difusión de los resultados y seguimiento puntual a las recomendaciones.  Por último, en el documento entregado el Centro Prodh manifestó un claro señalamiento a la CNDH para que la investigación de los hechos sucedidos se realice desde un panorama amplio y contextualizado, en el que se valore la legítima causa de
la lucha por el derecho a la educación. En este sentido, pedimos la no criminalización de la protesta social dada la relevancia de su ejercicio en contextos democráticos. (Anexo A. Memorial Adjunto)

Nota  Informativa enviada el 18 de febrero.
Como es de su conocimiento, el 19 de enero del 2012, formalmente se presentó una denuncia por tortura cometida por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero [PGJE] en contra del estudiante Gerardo Torres Pérez de 21 años de edad ocurrida el 12 de diciembre del 2011, a quien se intentó imputarle la portación de un arma de grueso calibre, llegando al extremo de hacerle disparar dicha arma para responsabilizarlo por la balacera que desembocó en la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
 
Teniendo en cuenta que la denuncia involucra al personal de la Procuraduría que tendrá a su cargo la investigación y considerando la gravedad de la acusación, el pasado 20 de enero, Amnistía Internacional emitió una acción urgente para demandar garantías de seguridad para las víctimas denunciantes del delito de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en lo que se refiere a Gerardo Torres. (Acción Urgente de Amnistía Internacional: http://www.tlachinollan.org/Ayotzinapa/Acciones-Urgentes/ACCION-URGENTE-SE-TEMEN-REPRESALIAS-CONTRA-ESTUDIANTES-QUE-PIDEN-JUSTICIA.html)
Si bien tanto el estudiante Gerardo Torres, como sus compañeros de la Normal Rural y las organizaciones de derechos humanos que acompañamos su denuncia reconocemos que la sanción de los responsables conforme a derecho no sólo significará el acceso a la justicia para el joven estudiante, sino también la posibilidad de sentar un importante precedente para la erradicación de la recurrente práctica, arraigada en Guerrero, nos encontramos sumamente preocupados por su seguridad e integridad. En virtud de ello, se están solicitando las medidas cautelares respectivas en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero; sin embargo tememos que dichas acciones no sean implementadas de manera eficiente y pronta. En virtud de ello, se están llevando todas las acciones posibles a nivel nacional e internacional para asegurar que sean efectivas.
 Investigaciones
En el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE ) y  la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil han comenzando a remover de sus cargos a un grupo de servidores públicos por su presunta responsabilidad en “actuaciones irregulares” en el caso Ayotzinapa. Entre los funcionarios removidos se encuentran el comandante en la región centro, David Jesús Urquizu Molina, quien es señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de haber “torturado y sembrado” un AK- 47 a un estudiante normalista. Asimismo, han sido removidos el exdirector de Averiguaciones Previas y actual fiscal regional de la Costa Chica , José Vélez Zapata; el fiscal especializado para la Investigación de Delitos Graves, Esteban Maldonado Palacios, y el fiscal especializado para el Combate al Delito de Secuestro, Pablo Alejandro Jasso Barrera.
Particularmente queremos destacar la destitución del Fiscal para la Investigación de Delitos Graves, en virtud de las diversas recomendaciones emitidas en su contra (dos de ellas de la CNDH durante el 2008 y 2010), y que pese a ello, continuó desempeñando importantes cargos al interior de la PGJE. (Nota El Sur: http://suracapulco.mx/archivos/6395)

Con miras al Informe Final de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos El día jueves 16 de febrero, el gobierno de Guerrero informó que entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe ampliado y actualizado sobre las investigaciones y avance de acciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Dicho documento de conformidad con el comunicado de prensa emitido, brinda más elementos obtenidos a través de diversas investigaciones, a través del cuales se precisa el número exacto de elementos policiales que acudieron al lugar de los hechos y la forma en que actuaron. (Comunicado del Gobierno de Guerrero en: http://guerrero.gob.mx/2012/02/amplia-y-actualiza-gobierno-de-guerrero-informe-a-la-cndh-sobre-caso-ayotzinapa/ )
 Por su parte, el 16 de febrero, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” con el respaldo de especialistas como Mariclaire Acosta, John M. Ackerman, Sergio Aguayo, Miguel Sarre, Luis Daniel Vázquez Valencia y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos como Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Latin America Working Group, Organización Mundial contra la Tortura, Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, enviaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un escrito de solicitudes en el marco de la investigación especial que dicho órgano autónomo está realizando por las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero.
 En virtud de que es la primera ocasión que la CNDH lleva a cabo dicha investigación, las organizaciones que hemos dado seguimiento consideramos sumamente relevante garantizar que el procedimiento iniciado constituirá verdaderamente una INVESTIGACIÓN ESPECIAL diferente de las que la CNDH inicia ordinariamente frente a las quejas que presentan los particulares, mismas que culminan generalmente con la emisión de una recomendación.
Por lo anterior, se ha solicitado a la CNDH: (i) Publicar inmediatamente en el sitio de internet de la CNDH el Acuerdo mediante el cual se ordena el inicio de una investigación especial sobre violaciones graves a los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado en junio de 2010. (ii) Convocar a  la participación del Consejo Consultivo en el procedimiento de investigación y publicación del Informe Final; (iii) Sostener una reunión con una comisión de estudiantes de Ayotzinapa previo a la emisión del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco de la próxima reunión ordinaria del Consejo Consultivo o en la extraordinaria que se convoque para el efecto. (iv) Analizar integral y exhaustivamente el contexto en el que ocurrieron los hechos y evitar la estigmatización de las víctimas. (v) Deslindar efectivamente la responsabilidad por todas y cada una de las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011, especialmente en cuanto hace a las cometidas por la Policía Federal. (vi) Señalar con precisión a las autoridades que resulten responsables por la autoría intelectual o material de los hechos, sea por acción o por omisión. (vii) Incluir medidas de no repetición y mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de alcance estructural en el Informe final. (viii) Presentar a las víctimas los principales hallazgos del Informe Final antes de que este sea presentado ante los medios de comunicación. (ix) Que la CNDH difunda ampliamente las conclusiones del Informe Final
 De aquilatarse la relevancia de esta investigación especial, los trágicos acontecimientos del 12 de diciembre serán investigados con eficacia y se generará un precedente acorde con el carácter especial de la investigación iniciada, estableciendo importantes estándares. Así la CNDH podrá mostrar que va hacia la ruta adecuada para desempeñar un rol mucho más activo en mejorar la situación de los derechos humanos en México y contribuir a que los resultados de la investigación repercutan en el cabal esclarecimiento de los hechos; la sanción a los responsables; la reparación del daño; y la adopción de medidas de no repetición de los hechos ocurridos. (Comunicado de organizaciones y especialistas emitido el 16 de febrero: http://www.tlachinollan.org/Comunicados/instan-a-cndh-a-adoptar-los-mas-altos-estandares-en-su-informe-final-sobre-caso-ayotzinapa.htm)

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